La ley clasifica los sistemas de inteligencia artificial en cuatro categorías: prohibidos, de alto riesgo, con requisitos de transparencia y de propósito general.
En la categoría de sistemas prohibidos se incluyen aquellos que utilizan técnicas subliminales para manipular el comportamiento de una persona de manera que pueda causarles daños físicos o psicológicos a ellos o a otros. También se prohíben los sistemas de categorización biométrica, la captura masiva de imágenes faciales de internet, el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y escuelas, los sistemas que califican a las personas según su comportamiento o características, la predicción policial basada en IA y cualquier sistema que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.
Sin embargo, la ley permite algunas excepciones. Los sistemas de identificación biométrica en “tiempo real” pueden ser utilizados si se cumplen ciertas salvaguardias, como en casos de búsqueda selectiva de una persona desaparecida o para prevenir un atentado terrorista.
Las multas se ajustarán según las circunstancias y tendrán en cuenta el tamaño del proveedor. Para quienes no cumplan con la normativa, se contemplan sanciones que van desde 35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocio de la empresa, hasta 7,5 millones de euros o el 1,5% del volumen global de negocio.
Entrada en vigor (1 de agosto de 2024): La ley entra oficialmente en vigor.
Prohibiciones de prácticas (febrero de 2025): Se comenzarán a aplicar las prohibiciones de prácticas seis meses después de la entrada en vigor, es decir, en febrero de 2025.
Normas para modelos de uso general (agosto de 2025): Las regulaciones para modelos de uso general, como ChatGPT, se implementarán un año después de la entrada en vigor, en agosto de 2025.
Aplicación general de la ley (agosto de 2026): La ley se aplicará de manera general en agosto de 2026, salvo algunas disposiciones específicas.
Obligaciones para sistemas de alto riesgo (agosto de 2027): Las obligaciones para los sistemas de alto riesgo comenzarán a aplicarse 36 meses después de la entrada en vigor, en agosto de 2027.